El Ministerio de Cultura presentó el informe el pasado 22 de enero en el Museo de América. El acto contó con la participación de Jazmín Beirak, Directora General de Derechos Culturales; Dagmary Olívar Graterol, gestora cultural y directora de YoSoyElOtro; Gigi Ríos, gestora cultural y editora en Connectats; y Xirou Xiao, agente cultural vinculadx a narrativas migrantes.

Entre la documentación consultada para la elaboración de este informe se encuentra el estudio de CIMA «Mujeres migrantes y/o racializadas en el audiovisual español. Informe sobre la Ocupación Laboral y Percepciones del Colectivo en la Industria», elaborado en 2022.

El nuevo informe «Representación de las mujeres migrantes y/o racializadas en el sector cultural» del Ministerio de Cultura alerta de la persistencia de desigualdades estructurales, precariedad laboral, barreras administrativas y una escasa presencia en espacios de decisión.

El estudio identifica cinco grandes conclusiones que evidencian cómo el género, el origen y la racialización siguen condicionando el acceso, la estabilidad y el reconocimiento en el sector cultural.

Por un lado, subraya que la discriminación por origen, color de piel o procesos de racialización sigue presente en el trabajo cultural. Las mujeres migrantes y racializadas afrontan una “triple exposición” a la desigualdad: por género, por origen y por clase social.

Esta situación se traduce en obstáculos en la contratación, peores condiciones laborales y una representación simbólica limitada o estereotipada. Los datos muestran que la tasa de paro de las mujeres extranjeras alcanzó el 35,52 %. Además, el 18 % de las mujeres migrantes declara haber sufrido acoso sexual o violencia en el ámbito laboral, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2019).

El estudio también evidencia una fuerte precarización del empleo. Muchas mujeres migrantes trabajan en condiciones intermitentes, temporales o en puestos socialmente infravalorados. En 2023, el 22,2 % de las mujeres ocupadas trabajaban a tiempo parcial, frente al 6,7 % de los hombres.

Existe además una clara segregación ocupacional: el 47 % de las mujeres extranjeras se concentra en ocupaciones elementales, y un 30 % trabaja en sectores como la restauración, la limpieza, la seguridad o las ventas.

La desigualdad también es salarial. Las mujeres migrantes perciben, de media, un 29,3 % menos de ingresos que las personas trabajadoras nativas. El salario por hora puede situarse entre un 15 % y un 20 % por debajo del de las mujeres españolas.

A las dificultades laborales se suman barreras administrativas y burocráticas que afectan a la continuidad profesional. Sólo tres de cada diez mujeres extranjeras desempleadas acceden a algún tipo de prestación.

El miedo a perder el empleo, señala el informe, frena la denuncia de abusos laborales. A esto se añade una exigencia constante de sobredemostración de capacidades para contrarrestar la desconfianza, así como trámites administrativos que no se ajustan a trayectorias migrantes, lo que provoca la exclusión de sistemas de protección laboral y social.

El estudio destaca también la invisibilización en los espacios de representación de las mujeres migrantes/racializadas en la cultura, que cuentan con una presencia mayoritaria en roles secundarios o estereotipados. El encasillamiento identitario y temático limita las posibilidades de creación y refuerza marcos restrictivos sobre qué historias pueden contar y desde qué lugar.

Además, se observa un acceso muy limitado a programaciones oficiales, recursos y circuitos de legitimación cultural. La presencia de mujeres migrantes y racializadas en jurados y espacios de decisión es especialmente baja. Aunque su visibilidad ha aumentado en algunos ámbitos, el poder real de decisión no ha crecido al mismo ritmo.

Frente a este panorama, el informe destaca la importancia de las estrategias colectivas de resistencia, cuidado y creación. Las redes de apoyo, mentorías, espacios de autogestión y las alianzas locales e internacionales están permitiendo fortalecer la producción cultural y reivindicar narrativas propias.

Sin embargo, el documento advierte que estas iniciativas, aunque fundamentales, no pueden sustituir la responsabilidad institucional. Garantizar los derechos culturales de las mujeres migrantes y racializadas requiere una intervención pública sostenida que aborde las desigualdades estructurales del sector.

El informe completo está disponible en la web del Espacio de Igualdad del Ministerio de Cultura.