La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) ha presentado esta semana las alegaciones correspondientes al Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual para avanzar en la igualdad en el audiovisual. Este anteproyecto es muy importante porque una vez aprobada la Ley en el Parlamento se convertirá en el marco de referencia legal para los próximos años en el sector.
Con el fin de transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2018 (DSCA), el Gobierno presentó el pasado 6 de noviembre el anteproyecto de la futura Ley General de Comunicación Audiovisual (el ‘anteproyecto’). Se encontraba hasta esta semana en trámite de audiencia y de información pública, y una vez aprobada, sustituirá a la norma vigente desde 2010. Todos los Estados miembros de la Unión Europea disponían de plazo hasta el 19 de septiembre de 2020 para acometer la transposición, pero la situación de la Covid ha provocado que algunos países, incluido España, se hayan retrasado.
La normativa vigente de 2010 regulaba obligaciones casi únicamente para la televisión digital terrestre en abierto. El nuevo anteproyecto, siguiendo las directrices de la DSCA, permitirá actualizar la legislación vigente a la realidad del mercado, sometiendo a obligaciones similares a los nuevos actores que han surgido en el mercado audiovisual gracias a las tecnologías digitales.
En el anteproyecto se articula la flexibilidad a los límites cuantitativos de las comunicaciones comerciales de los servicios de televisión lineal, la accesibilidad, la protección del menor, y la promoción de los contenidos europeos.
El anteproyecto de ley, además de obligar a los prestadores de servicios de televisión lineal a reservar un porcentaje del 51% del tiempo de emisión a obras audiovisuales europeas, por primera vez sienta una obligación similar a los prestadores de servicios de televisión bajo demanda, de modo que las plataformas deberán reservar a dichas obras el 30% de su catálogo.
También establece para todos los prestadores de servicios de comunicación audiovisual que presten sus servicios en España el deber de contribuir financieramente a la promoción de obras europeas.
