CIMA, a través de su delegación en Cataluña, presentará al Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) la propuesta de establecer una cuota del 40% del Fondo del Audiovisual Catalán para proyectos liderados por mujeres, con el objetivo de que sea incluida en el Plan Estratégico 2017-2020 y que se implemente de forma progresiva a lo largo del cuatrienio.
La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, CIMA, a través de su delegación en Cataluña, presentará al ICEC una propuesta que tiene como objetivo corregir la situación de desigualdad que sufren las mujeres en el sector audiovisual catalán y conseguir la paridad recogida en la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres en cuanto al acceso a los puestos de responsabilidad del sector. Esta propuesta llega en un momento en que la Generalidad de Cataluña está implementando el Plan Estratégico del Audiovisual que definirá las líneas a seguir entre el 2017 y el 2020.
La propuesta viene motivada por la baja presencia femenina en los cargos directivos del audiovisual en Cataluña que muestran que sólo el 16% de los proyectos son liderados por mujeres. Esta realidad coincide con la que indican los estudios hechos por CIMA a nivel estatal y por el Observatorio Europeo del Audiovisual.
La propuesta se concreta en la implantación de una cuota progresiva para proyectos audiovisuales liderados por mujeres. La progresión pedida es de unos mínimos del 25% para el 2017, 30% por el 2018, 35% por 2,019 y 40% para el 2020.
La propuesta de CIMA viene avalada por la Federación de los Productores Audiovisuales de Cataluña (PROA), quien comparte la necesidad de establecer una cuota que garantice el acceso a las ayudas públicas para los proyectos audiovisuales liderados por mujeres. La junta directiva de PROA, celebrada el pasado 12 de enero, decidió apoyar esta propuesta.
Las mujeres del cine quieren recordar que Cataluña es la única comunidad autónoma con una industria audiovisual relevante que aún no ha contemplado medidas compensatorias en sus políticas audiovisuales, como sí lo han hecho, el País Vasco, Galicia, Andalucía y Valencia, aunque que con sistemas que consideramos poco eficientes.
