En el encuentro se presentó el Estudio comparado y de análisis legal sobre la incorporación de la perspectiva interseccional en las estadísticas culturales, promovido por el Observatorio de Igualdad y la Dirección General de Derechos Culturales y elaborado por Red2Red.
El pasado jueves 19 de marzo, el Observatorio de Igualdad de Género en la Cultura, del que forma parte CIMA, celebró un nuevo pleno al que acudieron Guadalupe Balaguer, presidenta de la asociación, y María del Puy Alvarado, vicepresidenta. La reunión contó con la participación de Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, y de representantes de todas las asociaciones que, junto a CIMA, forman parte del Observatorio: la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM), la Asociación Mujeres en la Música (AMM), Clásicas y Modernas y Mujeres en las Artes Visuales (MAV).
En esta ocasión, el pleno estuvo abierto también a otras entidades, instituciones y asociaciones que habitualmente no acuden a las reuniones ordinarias de Observatorio, con el objetivo de enriquecer el diálogo y generar nuevas ideas y perspectivas. Entre ellas asistieron representantes de la Unión de Actores y Actrices y Musimagen.
Durante la sesión, se hizo seguimiento del I Plan de Igualdad en la Cultura, así como una actualización del estado la Unidad de atención y prevención de las violencias machistas en el sector audiovisual y cultural. También se presentó el informe «Estudio comparado y de análisis legal sobre la incorporación de la perspectiva interseccional en las estadísticas culturales», elaborado por Red2Red, consultoría especializada en políticas públicas, sostenibilidad y Fondos Europeos.
Este estudio busca realizar un análisis comparado y un examen jurídico sobre la viabilidad técnica y legal de incorporar la perspectiva interseccional en las estadísticas culturales del Ministerio de Cultura referidas a profesionales del sector cultural. Su finalidad es determinar en qué medida y de qué manera es posible integrar variables que reflejen adecuadamente las diversas dimensiones de la identidad y la desigualdad (como origen étnico, discapacidad, clase social, entre otras) y que permitan visibilizar vulnerabilidades complejas y entrelazadas sin comprometer los derechos fundamentales.
