La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) denuncia que el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que el jueves 19 de mayo se sometió a las enmiendas de los grupos parlamentarios en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso, corre el peligro de convertirse en una ley que menosprecie y olvide la situación y el futuro de las mujeres profesionales, la igualdad en los medios audiovisuales y la creación de contenidos que sean referentes para la igualdad.
Tras dos años de tramitación en los que CIMA ha planteado a los redactores de la Ley y a los agentes implicados todo tipo de alegaciones y ha propiciado el diálogo para conseguir una Ley justa, democrática y que favorezca la igualdad, nos encontramos con que se han desestimado y maltratado las enmiendas presentadas referidas a los artículos 113, 114, 116 y 117.
Atendiendo a esa necesidad CIMA proponía la inclusión de una cuota adecuada, tanto en los catálogos y las emisiones anuales, como en el dinero destinado a la producción por parte de los prestadores de servicio de comunicación audiovisual televisivo, para las obras dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres, para que su implantación profesional al 50% llegue a ser una realidad, consiguiendo de esta forma que se garanticen contenidos que reflejen la mirada y la realidad de las mujeres.
Las acciones de CIMA, sus alegaciones y sugerencia de enmiendas se han realizado en la confianza de creer contar con un gobierno que aseguraba que nunca haría una Ley que perjudicara a las mujeres.
Pues bien, el todavía Proyecto de Ley que el jueves 19 de mayo salió de la Comisión de Economía y Transformación Digital del Congreso no solo perjudica claramente a las mujeres, sino que las hace retroceder. No solo a las profesionales del audiovisual sino al conjunto de la sociedad, debido a la capacidad del medio audiovisual para generar referentes, lo que convierte este punto en un tema de primerísimo orden que se ha decidido obviar.
Vemos como, una vez más, nuestros derechos se desvanecen en declaraciones ajenas a un verdadero compromiso de cambio y avance hacia la igualdad. Si se pierde la oportunidad de dejar estas medidas claramente expuestas en esta Ley, se perderán decenios en el camino hacia la igualdad, lo que resulta extremadamente grave.
Es de justicia reconocer el apoyo de algunos partidos que han asumido, presentado e incluso en algún caso defendido, las enmiendas que CIMA pidió, pero de la misma forma, declaramos que contábamos con la promesa del PSOE -cuyo Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha sido el redactor de la Ley- de aceptar nuestras sugerencias de enmiendas con alguna modificación. Una promesa que ha sido primero tergiversada y finalmente incumplida.
Ignoramos los intereses que rodean a este cambio de posición, pero nos vemos obligadas a recordar que en esta Ley el mayor interés social y democrático debe ser una defensa férrea de un audiovisual rico, diverso y plural donde la igualdad esté plenamente garantizada.
